Textos para el comentario crítico de Selectividad (25 septiembre, protestas frente al congreso).

A continuación podrás leer cuatro textos representativos de las distintas opiniones vertidas en nuestra prensa sobre los acontecimientos ocurridos en Madrid, España, frente al Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre de 2012. He intentado plasmar las dos posturas en las que, básicamente, se ha posicionado nuestra sociedad, para que las conozcas y elijas libremente la tuya. Para ello, he seleccionado dos textos de El País y otros dos, del diario ABC. ¿Qué opinión expondrías si fuera uno de estos el texto del examen de Selectividad?

No proteste aunque duela

Gabriela Cañas 9 OCT 2012  (EL PAÍS)

   A veces, un sencillo resumen cronológico arroja más luz que un análisis que se pierda en los detalles. Lo acontecido en los últimos días ha sido lo siguiente: una plataforma ciudadana organiza una manifestación contra la clase política y especialmente contra el Gobierno del PP frente al Congreso y ese Gobierno intenta encausarles —a ellos y a los 34 detenidos— no por los habituales desórdenes públicos, sino por graves delitos que los jueces no acaban de ver. A renglón seguido, se lanza la idea de “modular” en adelante las manifestaciones para no perturbar tanto la vida ciudadana. Así de burda es a veces la realidad.

   La cadena de acontecimientos indica que el Gobierno y el partido que le sostiene han lanzado una seria ofensiva para limitar el derecho fundamental de expresión, entre el que está el de manifestarse. Los detalles que están rodeando este asunto también lo corroboran. Un día antes de la marcha, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, compara la iniciativa con el 23-F. El día de la manifestación, la policía, además de cargar incluso en la estación de Atocha, a un kilómetro de distancia del epicentro de la concentración, no lleva a los detenidos como es habitual ante el juez de guardia por altercados, sino que les acusa —a ellos y a los organizadores— de intentar invadir el Congreso por la fuerza e impedir el normal funcionamiento de la institución. Miembros del Ejecutivo felicitan a la policía por la actuación durante la marcha y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, abre entonces el debate sobre la “modulación” de las marchas previa declaración de Rajoy alabando a la mayoría silenciosa frente a los que protestan.

   Consecuencia de estos sucesos es, por lo demás, la trifulca abierta entre el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando. Se trata de una disputa de vuelo raso que no deja de tener su interés. El juez recuerda en su auto la decadencia de la clase política y Hernando le responde con graves insultos, lo que viene a confirmar que tal decadencia es realmente preocupante.

   La novedad de lo que está ocurriendo no es esta nueva polémica propia de patio de vecinos, sino lo que parece una estrategia del PP de limitar la libertad de manifestación. Cifuentes advirtió que su propuesta de modular las marchas no significaba restringirlas o reprimirlas, pero los hechos la desmienten. En el caso de que la justicia termine por aceptar las graves acusaciones que el Ministerio del Interior pretende contra manifestantes del 25-S, estos podrían ser condenados a penas de hasta cinco años de cárcel. Es una amenaza suficientemente disuasoria para que en adelante los ciudadanos indignados, que son millones, como demuestra el último barómetro de Metroscopia, se lo piensen mucho antes de echarse a la calle.

   Al poco de ganar las elecciones, Mariano Rajoy dijo públicamente y con cierta tranquilidad tener la certeza de que los recortes que se disponía a acometer provocarían una gran conflictividad social. El movimiento 25-S, convocado bajo el lema Rodea el Congreso, es una pequeña muestra más de la agitación social que están causando las decisiones políticas y económicas tomadas para frenar el déficit público y sanear el sistema financiero. Si el presidente ya contaba con ello, ¿a qué viene entonces tanto escándalo por parte de los dirigentes populares por una protesta que ni siquiera fue multitudinaria ni especialmente violenta? Ellos que tomaron la calle para protestar por tantas cosas cuando estaban en la oposición deploran ahora esta forma de expresar el descontento.

   El primer ministro griego, Antonis Samarás, confesaba en una reciente entrevista que su trabajo es “el peor del mundo” y añadía: “Es solo dolor”. Estar en el lugar de Mariano Rajoy tampoco tiene que ser muy agradable en esta coyuntura, pero no parece haber llegado al límite de desesperación de su colega griego. Es capaz todavía de hacer bromas con la inminencia, o no, de la petición de un rescate para España y, ahora lo sabemos, no le gustan las manifestaciones de los demás. Puede que sus políticas produzcan un enorme dolor a los ciudadanos y que estos tengan motivos de sobra para sufrir por ello, pero protestar por ello... Mejor, masivamente callados.

Malaimagen

David Trueba, 27/IX/12 (EL PAÍS)

A toda persona o institución le encantaría controlar la imagen que proyecta, eliminar rasgos negativos y expandir los positivos. Pero es una batalla estúpida, porque en lugar de obsesionarse con la imagen externa, expuesta, como todo lo superficial, a modas, prejuicios y mitos, la mejor fórmula consiste en mejorarte por dentro. Lo saben hasta los fabricantes de yogures protointestinales: si funcionas por dentro, luces por fuera. Antes de sostener que el New York Times es un periódico radical y separatista hay que mirar las fotos de Samuel Aranda publicadas allá en un recorrido por la España en quiebra y preguntarse si acaso no reflejan escenas ya cotidianas.

Antes de tildar de espléndida y magnífica la actuación policial frente al Congreso, sus responsables políticos tendrían que revisar la actuación de los agentes dentro de la estación de Atocha, la reincidencia en ocultar sus identificaciones y coaccionar a fotoperiodistas. Porque si no funciona lo de dentro se daña lo de fuera. Ese vídeo con un policía infiltrado en la protesta disfrazado de antisistema que grita no me peguéis más que soy compañero, ostia, que soy compañero, acrecienta la malaimagen por más que el empeño resida en proteger la buenaimagen.

Circula una lista escalofriante de familiares de políticos situados en cargos de confianza en instituciones del Estado y oficinas públicas. Nombramientos recientes que contrastan con el presupuesto más sórdido de la democracia. La sensación de abandono de los ciudadanos más necesitados, el incremento de tasas, multas e impuestos, acrecienta la desafección personal contra el Estado, que encuentra un paliativo en los reclamos del terruño, pero que es un grito de alarma ante la dirección equivocada de la reforma. Dos generaciones de españoles que miran al fracaso de las medidas en Portugal y Grecia con espanto, se intuyen carne de cañón y están dispuestos a sacrificar su buenaimagen antes que renunciar a ese pellizco de dignidad que llevan dentro. Ni policía ni el boyante negocio de la seguridad privada funcionarán de bífidus activos si continúa el empeño en arrasar la flora intestinal de la sociedad.

Asediar no es asaltar. Ni se le parece.

CARLOS | FLORES JUBERÍAS 08/10/2012 (ABC)

   IGNORO si el ya famoso juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a quien por las fotos intuyo poco más o menos de mi quinta, estudió Derecho Penal con el Cobo, con el Muñoz Conde, o con el Vives. Pero de lo que no me cabe duda es de que el día en que su profesor explicó en clase la diferencia entre el delito consumado y el delito en grado de tentativa Pedraz debía estar en otros menesteres no menos fascinantes.

   No de otro modo puedo explicarme el sentido del auto por el que el pasado jueves nuestro nuevo juez estrella decidió dar carpetazo al asunto de las manifestaciones del 25-S. Para Pedraz, aunque el artículo 66.2 de la Constitución establezca que las Cortes generales son inviolables, el 77 prohiba la presentación de peticiones por medio de manifestaciones ciudadanas, y el 494 del Código Penal tipifique como delito las manifestaciones ante la sede del Congreso cuando esté reunido, alterando su normal funcionamiento, el 25-S no se cometió delito alguno en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo. Ni se cometió, ni se pudo cometer, ya que -a decir nuevamente de nuestro fino jurista- los manifestantes se habían reunido con la sana intención de rodear el Congreso, sitiarlo de forma indefinida, y presionar para su disolución, y todos esos objetivos se hallaban amparados por la libertad de expresión y alejados años luz del de invadirlo con fuerza, violencia o intimidación, que es lo único que el Código Penal castiga en su artículo 493.

   Fantástico... El Congreso se hallaba físicamente cercado, la Policía hubo de desplegar cientos de efectivos para asegurarse de que no fuera asaltado, los diputados hubieron de entrar en la sede de la cámara y abandonarla después por los pasillos habilitados para ello, el perímetro de seguridad en torno a la cámara fue atacado en varias ocasiones, varios policías resultaron heridos ... pero dado que sus señorías pudieron debatir con entera tranquilidad, y no se coló en el hemiciclo ni una sola mosca que no estuviera debidamente acreditada, el 25-S no hubo delito alguno contra las instituciones del Estado.

   Fantástico... Ahora solo falta que Pedraz absuelva al tipo que amenazó a su mujer por teléfono porque ella no estaba en casa y no llegó a escuchar el mensaje en su contestador; al que acribilló a balazos a un policía porque éste llevaba un chaleco antibalas y no sufrió ni un rasguño; y al que colocó un coche bomba por donde iba a pasar un juez, pero se equivocó de calle al aparcarlo. Es lo que tiene haber estado en la peluquería el día que en clase explicaron que «son punibles el delito consumado y la tentativa de delito», y que «hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores […] y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor».

Doble vara de medir

JOSÉ MARÍA CARRASCAL  (6/X/12, ABC)

   El juez Pedraz se retrata a sí mismo en su último auto: riguroso con la policía, laxo con los manifestantes.

   YA que el magistrado de la Audiencia Nacional don Santiago Pedraz se ha tomado la libertad de comentar en su último auto la situación política, voy a tomarme la libertad de evaluar su auto en mi columna. Justificar el intento de quienes querían cercar el Congreso con la «convenida decadencia de la clase política» es, aparte de pésima redacción -¿a qué viene lo de «convenida»?-, delegnable jurisprudencia. Cualquiera que haya visto lo sucedido en los alrededores del Congreso el 25-S se da cuenta de que fue un intento de asaltar el mismo, y si no lo consiguieron fue por impedírselo las fuerzas de orden público. Algo que ya apreció la titular del Juzgado de Instrucción n. 8 de Madrid, que en su auto declaró que «los ciudadanos pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose con los funcionarios de la Policía». Razón de que enviase a los detenidos a la Audiencia Nacional, por considerar que había cometido infracciones «contra las altas instituciones del Estado». Con lo que no contaba era con que en la Audiencia Nacional había un magistrado que no apreció tales delitos sino que, bien al contrario, arremetió contra la Policía al considerar que nadie había intentado invadir el Congreso «ya que su actividad no se vio alterada». ¿Qué fue, entonces, el clima en que transcurrió la sesión y la salida de los diputados por la puerta trasera protegidos por la Policía? Y no contento con ello, el magistrado se permitió denigrarlos en su auto, excediéndose en sus atribuciones.

   Todo ello escudado en el principio de la «libertad de expresión». ¿Incluye en ella el juez Pedraz los palos, las piedras, las patadas y golpes que todos vimos usar a los manifestantes? Porque, o no los vio, y en ese caso lo mejor que puede hacer es dedicarse a vender cupones en la benemérita Organización de Ciegos, o si los vio y no los tuvo en cuenta al dictar su auto se autodescalificó para la función que ocupa.

   Es verdad que la Constitución garantiza la libertad de expresarse y manifestarse. Se trata, pues, de derechos fundamentales. Pero la misma Constitución les impone un límite, uno solo pero muy preciso: que no se ponga en peligro el orden público. Y convendrán conmigo que el orden público se vio violado no una vez sino cien en las inmediaciones del Congreso el 25-S, tanto en el transcurso de la manifestación como en sus postrimerías. No vamos a caer en el error del magistrado de la Audiencia Nacional diciendo que su auto muestra «la convenida decadencia de la clase judicial», al estar seguros de que se trata de un acto personal no general. Pero si la justicia extrema no es justicia, la justicia laxa tampoco lo es (aunque tengamos que acatarla). La de don Santiago Pedraz es extrema con la Policía, laxa con los manifestantes. Doble pecado.